El patrimonio secreto del exjefe del Ejército Óscar Izurieta: $1.800 millones
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Por Jorge Molina Sanhueza
El excomandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta Ferrer, procesado por la ministra en visita Romy Rutherford por el supuesto delito de malversación que supera los $6.300 millones, tiene un secreto bien guardado: su patrimonio personal. Este último alcanza la cifra de $1.800 millones.
La información consta en una causa civil iniciada en enero de 2021 ante el 27º Juzgado Civil de Santiago -que no está incluida en la causa criminal por la que fue encausado- en la que transfirió a familiares directos poco más de $517 millones en bienes inmuebles, tanto en las comunas de Las Condes -en Santiago- y en Santo Domingo, Región de Valparaíso.
En el expediente en sede civil -y que publica en exclusiva la Unidad de Investigación de Tu Día- el millonario patrimonio es confirmado por tres testigos. Uno de ellos es Andrés Iturra, casado con María Constanza Izurieta, hija del exmilitar.
“(...) puedo señalar en profundidad la situación económica y familiar de la familia Izurieta (...) y puedo decir sin lugar a dudas que posee una solvencia que le permite realizar la donación a sus dos únicas hijas (...). Su patrimonio supera los $1800 millones”, testimonió en el tribunal.
Otro yerno de Izurieta, Sebastián Rodríguez Peña, como también la cuñada, ratificaron lo propio.
En los documentos judiciales se señala que al momento de gestionar los bienes, buscaba arreglar su situación hereditaria, toda vez que en abril del mismo año realizó la separación de bienes con su esposa.
A los bienes mencionados se suman fondos mutuos e inversiones en Chilena Consolidada y Banco Santander, por 105 y 37 millones, respectivamente. Eso sin contar los fondos mutuos del Santander por casi $278 millones y la cartola bancaria donde figura como saldo más de $10 millones.
La suma total transferida a su familia, -poco más de $517 millones- fue validada el 29 de julio de 2021 por la magistrada suplente Ximena Díaz.
Menos es más
Lo llamativo es que en el procesamiento dictado por la ministra Rutherford esta semana en materia criminal en el marco del Código de Justicia Militar, Izurieta asegura que no posee ni patrimonio ni bienes, los que están en manos de su esposa e hijas, pero difícilmente llegan a los $1.800 millones declarados en el 27º Juzgado Civil de Santiago.
En palabras de la magistrada en su procesamiento, por ejemplo, Izurieta compró un departamento en Las Condes en 2014.
La ministra en visita lo describió así: “Asegura que pagó ese departamento al contado, detalla que pudo haber sido con un vale vista o con un cheque, porque recibía su pensión y además su sueldo como Subsecretario (durante el primer gobierno de Piñera)”.
Y agregó: “Afirma que en esa época debe haber tenido $200.000.000 y fracción, o más, y que llegó a tener en el Banco Santander casi $300.000.000. Menciona que le fue bien en las inversiones (...) Además, heredó de su madre $30.000.000 el año 2006 por su fallecimiento”.
Con distintas ventas y un crédito compró su actual vivienda cuyo valor supera los 216 millones. Para ello, explicó la Rutherford, vendió una casa que compró en 2009 en 3.000 la que años después aumentó 7.000 unidades tributarias. En otras palabras recibió 10.000 UF. En la actualidad la propiedad supera los $294 millones.
Coincidencia
Izurieta inició el trámite en momentos en que ya era investigado por la magistrada Rutherford, entre otros hechos por el uso ilegal de gastos reservados y malversación de caudales públicos que provocaron al fisco una pérdida que supera los $3.900 millones.
Junto a la anterior proceso judicial, Izurieta es indagado también en el llamado caso FAM, una suerte de “cutufa” que operaba en la jurisdicción militar de Coyhaique.
Suboficiales y oficiales que integraban esa “cooperativa” ilegal perdieron lo que habían depositado por años. Atendida la situación Izurieta creó un sistema para morigerar la pérdida de los militares, pero usando fondos del Ejército. De acuerdo a la investigación que llevó en primera instancia el Ministerio Público, el perjuicio fiscal, alcanzaría los $3.500 millones. A raíz de lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal para buscar responsabilidades penales.
Izurieta Ferrer no es la única cabeza del Ejército encausada por delitos de corrupción; le siguen sus camaradas Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. Ambos se encuentran encausados por malversación de caudales públicos que suman más de $6.000 millones
Este medio intentó obtener una versión del abogado Patricio Pohl, patrocinante de Izurieta, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.